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Brasil congela R$2.300 millones en una investigación vinculada a Esportes da Sorte

La Operación Cash Out se dirigió contra un grupo vinculado a la casa de apuestas, con registros en cinco estados e incautaciones de aeronaves, vehículos de lujo y un yate.

Las autoridades brasileñas congelaron activos de sospechosos por más de R$2.300 millones, aproximadamente 396 millones de dólares, en una investigación vinculada al operador de apuestas Esportes da Sorte.

La Policía Federal, la fiscalía federal y la autoridad tributaria pusieron en marcha la Operación Cash Out el 18 de noviembre. Los investigadores ejecutaron 59 órdenes de registro en Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná y Santa Catarina. 

Los registros se centran en activos financieros e inmobiliarios

Las autoridades informaron de la incautación de cinco aeronaves, 14 coches de lujo y un yate valorado en R$40 millones. Entre los inmuebles objeto de la operación figuraban apartamentos en Recife, un ático en São Paulo valorado en R$42 millones y una casa valorada en R$100 millones.

En la operación participaron aproximadamente 140 agentes de la Policía Federal, 17 inspectores tributarios y seis representantes del Ministerio Público Federal. 

Los medios locales identificaron al propietario y CEO de Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, entre las personas objeto de los registros. 

La investigación examina actividades anteriores a la regulación

La fiscalía sostiene que, entre 2020 y 2024, empresas brasileñas asociadas a los sospechosos desarrollaron actividades de apuestas dentro del país mientras vinculaban formalmente el negocio a una entidad extranjera.

Las autoridades señalaron que la estructura operativa del grupo estaba en Brasil, pese a su vinculación formal con una empresa de Curaçao. Los investigadores examinan posibles delitos de juego ilegal, blanqueo de capitales, evasión fiscal, transferencias ilícitas de divisas y organización criminal. 

Las autoridades también cuestionan declaraciones financieras posteriores

La investigación no se limita al periodo anterior a la autorización federal. La fiscalía afirmó que el grupo investigado movió aproximadamente R$11.000 millones en 2025, pero declaró alrededor de R$2.000 millones a las autoridades.

Estas cifras describen presuntos movimientos financieros e importes declarados, y no una medida verificada de los ingresos del juego. La congelación de activos y los registros son medidas de investigación; los comunicados no acreditan condenas penales. 

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