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Los bancos deben bloquear las cuentas de los operadores identificados en un plazo de 24 horas desde la notificación, mientras que el decomiso definitivo requiere un procedimiento legal y confirmación judicial.
Las autoridades brasileñas perseguirán los fondos recibidos por los operadores de apuestas que sigan prestando servicios en el país tras la prohibición del juego online, mediante procedimientos de bloqueo de cuentas y decomiso de activos establecidos a principios de este año.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó que las autoridades identificarían las plataformas que permanecieran online, rastrearían sus transacciones financieras y solicitarían el decomiso del dinero recibido. Sus declaraciones acompañaron el anuncio de septiembre que exigía a los sitios web y las aplicaciones de apuestas dejar de operar a partir del 6 de octubre.
El mecanismo de intervención financiera procede del Decreto 13,033, firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 19 de junio de 2026. Estableció procedimientos para bloquear cuentas vinculadas a operadores de apuestas de cuota fija no autorizados y solicitar el decomiso de los fondos bloqueados.
Según el decreto, la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, conocida como SPA, debe documentar formalmente la actividad irregular de un operador antes de enviar las notificaciones de bloqueo a las entidades financieras correspondientes.
Los bancos y las entidades de pago disponen entonces de hasta 24 horas desde la recepción de la notificación para bloquear las cuentas identificadas e impedir nuevas transacciones que respalden la operación ilegal. El Banco Central recibe una notificación para supervisar el cumplimiento.
El bloqueo es una medida cautelar. Los titulares deben ser notificados después del bloqueo y conservan el derecho a presentar su defensa durante el procedimiento posterior.
La Secretaría Nacional de Seguridad Pública se encarga del procedimiento administrativo preparatorio. El decomiso definitivo requiere confirmación judicial antes de que los fondos puedan incorporarse al Fondo Nacional de Seguridad Pública.
Una regulación del Ministerio de Justicia de septiembre detalló el funcionamiento del proceso, incluido el seguimiento de las cantidades bloqueadas, sometidas a revisión judicial y finalmente recuperadas. El ministerio señaló que el dinero efectivamente incorporado al fondo podría financiar programas de seguridad pública y transferencias a los estados y al Distrito Federal.
Según Durigan, un equipo interinstitucional utiliza herramientas de inteligencia artificial para localizar sitios de apuestas y cruzar información que permita identificar los canales de pago y el destino de los fondos.
El equipo incluye representantes de los ministerios de Hacienda y Justicia, la administración tributaria federal, la Policía Federal y el regulador de telecomunicaciones Anatel.
La capacidad de la Policía Federal también se ha ampliado. Una orden ministerial publicada el 13 de octubre creó DRAME, una división dedicada a las apuestas ilegales y la manipulación deportiva, con un servicio de análisis de apuestas.
La división depende de la Coordinación General de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos, integrando las investigaciones sobre apuestas en una estructura centrada en rastrear ganancias delictivas y recuperar activos.
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