Brasil clasifica durante cinco años los documentos sobre la prohibición de apuestas

El Ministerio de Justicia de Brasil ha impuesto una restricción de confidencialidad de cinco años a los documentos utilizados para preparar la Medida Provisional n.º 1.394, que prohibió las apuestas y los casinos online, según Poder360.

La orden de clasificación se firmó el 24 de septiembre, un día antes de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgara la medida. Posteriormente, el Gobierno invocó esa orden para rechazar una solicitud de acceso a los documentos preparatorios presentada al amparo de la Ley de Acceso a la Información de Brasil. 

El ministerio alega riesgos para la seguridad pública y las finanzas

Victor Oliveira Fernandes, secretario de Derechos Digitales del ministerio, justificó la restricción citando motivos legales relacionados con riesgos para la vida, la seguridad o la salud de la población, así como amenazas graves para la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.

Esos motivos figuran en el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información de Brasil. Sin embargo, invocarlos no explica por sí solo qué información concreta de los documentos sobre la prohibición de apuestas podría generar esos riesgos.

Poder360 afirmó que pidió al ministerio una explicación de los criterios de clasificación, pero no había recibido respuesta al publicar su artículo.

Cinco años corresponden al nivel de clasificación más bajo

La legislación brasileña establece tres niveles de información clasificada. El más bajo, denominado reservada, permite restringir el acceso durante un máximo de cinco años. Las categorías superiores, secreta y ultrassecreta, tienen plazos máximos de 15 y 25 años, respectivamente. 

La restricción afecta a los documentos de apoyo utilizados para elaborar la medida provisional. Limita el escrutinio público del material que fundamenta la decisión gubernamental mientras la prohibición sigue afrontando impugnaciones políticas y judiciales.

Según el artículo de Poder360 del 4 de noviembre, la medida debía permanecer vigente hasta el 23 de noviembre, con la posibilidad de una nueva prórroga de 60 días. Organizaciones del sector y clubes de fútbol también cuestionaban su constitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal.