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Las indicaciones del Gobierno prohibirían la publicidad y los bonos de captación, introducirían una estructura tributaria del 22 % sobre el GGR y ofrecerían un régimen transitorio a los operadores existentes.
El Gobierno de Chile ha presentado indicaciones a su proyecto de ley sobre juego online que proponen licencias de cinco años, una prohibición de la publicidad de las plataformas y nuevas condiciones para los operadores que ya prestan servicios en el país.
El paquete fue entregado a la Comisión de Economía del Senado el 26 de octubre. La comisión comenzó la discusión en particular del proyecto al día siguiente, según el registro legislativo del Senado. Las propuestas siguen sujetas a aprobación parlamentaria.
Los operadores pagarían un cargo anual de licencia de 1.000 UTM, la unidad tributaria mensual de Chile, equivalente a unos 73.000 dólares según los valores de octubre.
La estructura tributaria propuesta combina un IVA del 19 % con un impuesto adicional del 3 %, ambos calculados sobre la diferencia mensual entre las apuestas recibidas y los premios pagados. Según la presentación del Ministerio de Hacienda, la tasa efectiva resultante sería del 22 %.
Las licencias definitivas tendrían una vigencia de cinco años. Los casinos presenciales también podrían ofrecer apuestas online dentro de sus salas de juego mediante acuerdos con operadores de plataformas debidamente autorizados y certificados.
Se rechazarían las solicitudes cuando un operador o una empresa relacionada hubiera ofrecido, operado o publicitado servicios sin licencia en Chile durante los doce meses anteriores. Entre los indicios figurarían el uso de un dominio .cl, el pago de patrocinios locales o la contratación de proveedores de pago chilenos.
Se aplicaría una excepción a las empresas que ingresaran en el régimen transitorio propuesto. Este exigiría un pago único de 3.000 UTM, aproximadamente 220.000 dólares, y la regularización de las obligaciones de IVA digital, incluidas las correspondientes a los 36 meses anteriores.
El pago íntegro extinguiría la responsabilidad civil, penal y administrativa derivada de las infracciones tributarias pertinentes respecto de las operaciones declaradas. El beneficio se refiere a obligaciones tributarias y no constituiría una exención general de otras responsabilidades legales.
La prohibición publicitaria abarcaría tanto a las plataformas con licencia como a las que carezcan de ella y se extendería a quienes encarguen, produzcan, distribuyan o faciliten las promociones.
Los acuerdos publicitarios existentes con operadores que dispongan de licencias transitorias podrían continuar durante un máximo de un año, sujetos a restricciones para proteger a los menores. Por separado, las plataformas tendrían prohibido ofrecer bonos u otros beneficios monetarios destinados a captar o retener jugadores, incluso sin publicitarlos.
Las indicaciones alternativas presentadas anteriormente por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, cuestionan la apertura de un mercado privado de licencias. Sus propuestas difieren en alcance: Saavedra mantendría el acceso para las categorías ya autorizadas, incluidas las loterías, los hipódromos y los casinos.
La propuesta de Núñez incluye el bloqueo permanente de plataformas ilegales por orden judicial y penas de prisión de hasta quince años en casos agravados. Estas disposiciones constituyen un enfoque legislativo separado del paquete de licencias del Gobierno.
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