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El juego puede ser adictivo. Juega con responsabilidad.
El paquete plantea sanciones para plataformas, una lista central de operadores ilegales y un proyecto piloto centrado en pagos, alojamiento y otras infraestructuras que sostienen el mercado sin licencia.
La Cámara de Representantes de los Países Bajos ha respaldado un paquete de medidas destinado a reforzar la lucha contra el juego online ilegal, incluidas sanciones para plataformas digitales, una lista central de operadores sin licencia y acciones coordinadas contra su infraestructura.
Las mociones fueron aprobadas el 29 de septiembre de 2026. En ellas se encarga al Gobierno desarrollar o aplicar las medidas, lo que significa que varios elementos todavía no constituyen facultades de ejecución activas. En particular, las sanciones propuestas para las plataformas online requerirían cambios en la Ley de Juegos de Azar.
Una de las mociones aprobadas pide que las plataformas online sean directamente responsables cuando muestren repetidamente publicidad de juego ilegal después de recibir una solicitud de retirada de la Kansspelautoriteit.
Según la propuesta, el incumplimiento reiterado pasaría a constituir una infracción en sí mismo. La KSA podría entonces imponer una multa administrativa o una orden sujeta a pagos periódicos de penalización.
La moción señala que el regulador envía actualmente miles de solicitudes de retirada a Meta cada mes sin lograr una solución estructural al problema.
La medida trasladaría parte de la carga de la aplicación de la normativa desde los anunciantes ilegales individuales hacia las plataformas que difunden sus promociones.
Los diputados también aprobaron una propuesta para crear una lista central de operadores de juego online ilegales.
Se ha pedido al Gobierno que desarrolle la lista junto con la KSA y garantice que los proveedores de pagos, motores de búsqueda, empresas de redes sociales, proveedores de alojamiento y otras compañías relevantes puedan utilizarla al actuar contra servicios de juego sin licencia.
La propuesta pretende ofrecer a distintas partes del ecosistema digital un punto de referencia común, en lugar de exigir que cada empresa identifique por su cuenta a los operadores ilegales.
La moción también pide al Gobierno mejorar la información destinada a los consumidores para que puedan distinguir más fácilmente entre empresas de juego con licencia y operadores ilegales.
Otra moción aprobada pide un proyecto piloto en el que participen la KSA, la policía y el Ministerio Público.
El programa pretende desarticular la infraestructura utilizada por empresas de juego online ilegales, incluidos los flujos de pagos, las plataformas online, las empresas de alojamiento y otros proveedores de servicios.
También pide a las autoridades mejorar la identificación de las personas y organizaciones que están detrás de las redes de juego ilegal y emprender acciones penales cuando corresponda.
El enfoque amplía la actuación más allá del bloqueo de sitios web de juego individuales. En su lugar, las autoridades se centrarían en los servicios que permiten a los operadores ilegales aceptar pagos, seguir online y llegar a clientes neerlandeses.
La Cámara también respaldó una moción a favor de elevar de 18 a 21 años la edad mínima para los productos de juego de mayor riesgo.
El cambio es condicional y no inmediato.
El Gobierno debe establecer primero objetivos medibles para reducir el juego ilegal y limitar el riesgo de que los jugadores más jóvenes migren a operadores sin licencia. El aumento de la edad debería aplicarse una vez que se cumplan esas condiciones.
Por tanto, todavía no se ha fijado una fecha de implementación.
En la misma votación del 29 de septiembre, los diputados rechazaron una propuesta separada para prohibir por completo la publicidad de juego tanto de productos online como offline.
El resultado mantiene a los Países Bajos en una estrategia más selectiva frente a la publicidad ilegal, mientras continúan estudiándose otros cambios en las normas de marketing del juego.
Las nuevas medidas aprobadas pasan ahora al Gobierno para su implementación y, cuando sea necesario, para introducir cambios legislativos. Su impacto práctico dependerá de cómo se diseñen las reglas de responsabilidad de las plataformas, la lista central de operadores y el proyecto piloto sobre infraestructura.
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