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Un neerlandés que gestionaba más de 400 cuentas de casino con identidades falsas recibió el máximo de trabajo comunitario permitido mediante una orden penal de la Fiscalía y debe entregar 2,1 millones de euros.
La Fiscalía neerlandesa ha impuesto 180 horas de trabajo comunitario a un hombre de 46 años que utilizó más de 400 cuentas de casino online con identidades falsas y de terceros para obtener repetidamente bonos de bienvenida y de recarga.
La actividad se desarrolló entre 2007 y 2016, antes de que los Países Bajos abrieran su mercado regulado de juego online en octubre de 2021. Los casinos implicados operaban entonces en el país sin licencias neerlandesas.
El Ministerio Público también ordenó al hombre renunciar a 2,1 millones de euros en bienes que ya habían sido incautados por las autoridades. Los fiscales atribuyen el importe a beneficios económicos generados mediante los delitos.
El caso se resolvió mediante una OM-strafbeschikking, una orden penal que permite a los fiscales neerlandeses imponer determinadas sanciones sin llevar el asunto a los tribunales.
Las 180 horas de trabajo comunitario son el máximo que los fiscales pueden imponer a través de este tipo de procedimiento extrajudicial.
El hombre fue acusado de falsificación documental y de posesión y uso de documentos de identidad falsos.
Un fiscal puede dictar una orden penal para determinados delitos cuando se ha establecido la responsabilidad penal. Las sanciones disponibles incluyen multas y hasta 180 horas de trabajo comunitario, pero los fiscales no pueden imponer penas de prisión sin un procedimiento judicial.
El Ministerio Público afirmó que una resolución extrajudicial era adecuada tras considerar tanto la gravedad de la conducta como las circunstancias del acusado.
El hombre cesó voluntariamente la actividad en 2016, no ha cometido nuevos delitos desde entonces, colaboró con los investigadores, tiene trabajo y realiza labores de voluntariado.
La trama se basaba en obtener repetidamente promociones que los casinos online pretendían limitar a clientes individuales.
El hombre creó más de 400 cuentas con identidades ficticias y nombres de otras personas para acceder a bonos de bienvenida y ofertas de recarga.
Según los fiscales, utilizar las promociones a tal escala elevó por encima del 50 % su probabilidad media de terminar con beneficios.
Los casinos podían cerrar cuentas y negarse a pagar los saldos cuando sospechaban que una persona gestionaba varias cuentas para obtener bonos repetidamente.
Para evitar ser detectado, el hombre falsificaba los documentos solicitados durante la verificación de identidad.
También mantenía una configuración técnica en la que cada cuenta de juego utilizaba su propia dirección IP.
La operación también utilizaba múltiples canales de pago.
Las ganancias de casino se retiraban mediante distintos proveedores de servicios de pago y monederos electrónicos, lo que dificultaba a los operadores identificar vínculos entre cuentas presentadas como pertenecientes a clientes diferentes.
El caso ilustra una forma temprana de abuso de bonos a gran escala que combinaba fraude de identidad, uso de múltiples cuentas, infraestructura técnica y flujos de pago fragmentados.
Los operadores modernos utilizan cada vez más la identificación de dispositivos, el análisis de cuentas vinculadas y la supervisión de pagos para detectar este tipo de comportamiento, pero la trama funcionó durante casi una década antes de terminar en 2016.
La consecuencia económica supera ampliamente el componente de trabajo comunitario de la sanción.
El acusado debe renunciar a la totalidad de los 2,1 millones de euros incautados en relación con el caso.
Según los fiscales, tendrá que contratar una hipoteca garantizada con su vivienda para satisfacer el importe.
El Ministerio Público citó ese impacto económico como una de las circunstancias consideradas al decidir resolver el caso sin procedimientos judiciales adicionales.
El hecho de que los casinos no tuvieran licencia en los Países Bajos en aquel momento no impidió la persecución penal. El caso se centró en el uso de documentos falsificados e identidades falsas para inducir a los operadores a pagar ganancias de juego.
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